Nos hacemos eco de esta interesante noticia publicada este 5 de noviembre en el Diario de Cádiz sobre las medidas que la Junta planea en materia de vivienda para la ciudad de Cádiz.
A modo de extracto de la noticia original, en el que se recoge el análisis del Delegado Provincial de Fomento, Federico Fernández, destacar los tres pilares fundamentales sobre los que la Junta trabajará en la capital:
1. La elaboración de planes especiales tanto para el conjunto de la ciudad como más específicos para determinados barrios. Fernández aboga por la necesidad de que, en algún momento, «se tenga que elaborar un PGOU especializado en la vivienda». En este sentido ya no se descarta ampliar el límite de viviendas que se había impuesto en el actual PGOU, que data de 2012, por parte de la legislación andaluza, siendo aquí esencial el trabajo común con el Ayuntamiento.
2. A la vez que se trabaja ya en este rediseño del ordenamiento urbano, se harán operaciones puntuales para lo que se utilizarán sistemas ya existentes, como el Área de Rehabilitación Integrada, que permite contar con la financiación pública en materia de subvenciones para iniciativas públicas y privadas. Aquí se funcionará mediante planes especiales por cada barrio.
3. Mientras se articulan todos estos planes, entre la Junta y el Ayuntamiento impulsarám, cada una por su lado inicialmente, varias operaciones de rehabilitación, a la vez que se ha reactivado con fuerza la segunda fase de Matadero. Se está utilizando el amplio estudio elaborado por Procasa sobre la infravivienda, que incluía a 36 fincas en esta situación de las que han caído, según la Junta, seis. Se trata de actuaciones prioritarias y se unirán a las ya iniciadas en La Viña y Santa María y que han terminado casi con una década de sequía inversora.
Por último, como una de las grandes novedades de esta nueva etapa, la Junta podrá implicarse en la rehabilitación de fincas privadas pero sin la necesidad de adquirirlas, como pasaba antes en la mayor parte de las actuaciones. Así, se entraría en estos casos en el proyecto como empresa pública inversora, valorando el coste de la operación y fijando un porcentaje para la inversión pública. A cambio, la propia Junta se quedaría con un número determinado de pisos (dependiendo de su inversión), que se integrarían en el parque público. Los inquilinos mantendrán la renta antigua, mientras que el resto seguirá en manos del promotor privado que podrán ponerlas en el mercado libre. La primera operación que puede incluirse en esta nueva fórmula se sitúa en el número 18 de la calle Cristóbal Colón