La Junta aprueba el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030.
Fuente: Junta de Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado,hoy martes 30 de junio, el proyecto de Decreto por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030, que entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Con este plan, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio quiere dar un cambio en las políticas de vivienda para garantizar su derecho y facilitar el acceso de los jóvenes, mayores de 65 años y colectivos vulnerables a una vivienda a precio asequible, adecuar las viviendas a las nuevas necesidades medioambientales, funcionales y familiares, lograr una convivencia más humana en pueblos y ciudades y dinamizar la economía y el empleo en el sector de la construcción.
El plan en su conjunto despliega más de 217.000 actuaciones entre ayudas, promoción de nuevas viviendas y actuaciones de rehabilitación, con un presupuesto global para los próximos cinco años de 690 millones de euros, provenientes de tres fuentes de financiación: autonómica, estatal y de fondos europeos. El presupuesto recoge los compromisos firmados con el Estado hasta 2021, así como la envolvente de los años siguientes y del marco operativo europeo 2014-2020, que se extiende hasta el 2023. Si bien, esta financiación, puede estar sometida a variaciones por el nuevo contexto económico tras la pandemia del Covid-19.
Esta inversión corresponde a subvenciones y ayudas, y generarán una inversión inducida de 2.500 millones de euros entre 2020 y 2024 y una generación de empleo de unos 60.000 puestos directos, a los que hay que sumar los indirectos, en el sector de la construcción e inmobiliario.
El cambio en las políticas de vivienda se justifica porque el plan andaluz anterior 2016-2020 no tenía objetivos de promoción de nueva vivienda protegida a precio asequible para ponerla a disposición de los colectivos con más dificultad de acceso, como son los jóvenes, que representan el 37% de la demanda de vivienda con protección. En este plan, son personas con especial protección los jóvenes, pero también los mayores de 65 años, las personas con diversidad funcional, las mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres embarazadas sin recursos, las personas sin hogar y especialmente vulnerables.
La oferta de vivienda con protección se ha situado en mínimos históricos en los últimos años. En 2018 representó sólo el 1,53% de las compraventas de vivienda, mientras que en 2019 fue el 1,4% (de 100.339 compraventas en toda Andalucía, sólo 1.474 fueron viviendas protegidas nuevas).
Por tanto, es necesario impulsar la construcción de viviendas con precio limitado tanto para venta como para alquiler que dé respuesta a la demanda de vivienda a precio asequible reflejada en los registros de demandantes (con más de 69.000 solicitantes). A esto se une la existencia de suelo reservado por los planes urbanísticos para la construcción de vivienda protegida que está sin desarrollar al no impulsar los gobiernos anteriores la promoción de vivienda con protección.
La aprobación del nuevo Plan Vive en Andalucía sienta los principios y las líneas para un periodo amplio, de 2020 a 2030, necesario para consolidar una estrategia de promoción pública de viviendas, que se materializa en un primer periodo de cinco años, 2020-2024, que es el que la ley fija para la revisión de objetivos. Todo ello está alineado con la Estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2030 que establece, en su objetivo 11, la urgente necesidad de abordar ciudades más humanas y con los principios de la Agenda Urbana de Andalucía 2020-2030, que aporta tres principios al plan: mejor regulación, mejor gestión de los recursos y mayor conocimiento.
La redacción del texto ha tenido un amplio proceso de participación pública, con hasta 38 organizaciones sociales en trámite de audiencia e información pública (del 22 de agosto de 2019 al 4 de octubre de 2019). Igualmente se han cumplido los informes preceptivos, con la aprobación del gabinete jurídico y finalmente el informe del Consejo Económico y Social, aprobado por unanimidad el 7 de junio.
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