La Junta abre el 11 de marzo el plazo para solicitar las ayudas para mejorar la accesibilidad de edificios

La Junta de Andalucía ha anunciado que en el mes de marzo comenzará el plazo de presentación de solicitudes de una nueva convocatoria de ayudas en materia de accesibilidad en edificios, que contará con una inversión de 24 millones de euros. Así lo ha avanzado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la comisión celebrada en el Parlamento de Andalucía, donde también ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz en esta materia en los últimos años, ya que «en 2026 se habrán movilizado más de 120 millones de euros».
Rocío Díaz ha explicado que actualmente la Consejería se encuentra resolviendo una convocatoria específica de accesibilidad dotada de 30,8 millones de euros, que prevé atender las necesidades de movilidad de 5.200 familias. En esta línea, la consejera ha subrayado que en los últimos cinco años el Gobierno andaluz ha invertido más de 65 millones en la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas.
El Plan Vive en Andalucía 2020-2030 incluye un trato preferencial y de especial protección a las personas con discapacidad o dependencia en materia de vivienda, que se ha traducido en medidas como un incremento de la superficie útil de viviendas y alojamientos reservados a este colectivo y preferencia en los baremos de concesión de ayudas.
Esta última convocatoria, que se abre el 11 de marzo, se centrará exclusivamente en la mejora de la accesibilidad de edificios de tipología residencial colectiva, que es donde se ha detectado una mayor demanda, y se hará en régimen de concurrencia competitiva. La concesión de estas ayudas se realizará de forma anticipada a las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades que promuevan actuaciones para la mejora de la accesibilidad en sus edificios, tales como la instalación de ascensores, la colocación de salvaescaleras, rampas o automatismos para la apertura de puertas.
Las subvenciones ascienden hasta el 60% del coste total de la obra, aunque se pueden elevar al 80% si en el edificio reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años e incluso al 100% si el inmueble se encuentra dentro de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada.